En los últimos años el problema de la violencia contra la mujer es un problema grave y generalizado, que constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, desarrollo y la paz en todo el mundo, se pone en peligro la vida de innumerables mujeres e impidiéndoles alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades. Se opone al ejercicio de sus derechos como ciudadanas, causa daños a las familias y comunidades, se refuerzan otras formas de violencia en la sociedad, que frecuentemente tienen consecuencias letales.

A pesar de los avances en la incorporación de las mujeres a la vida pública y social, estos lastres de la construcción cultural heredada por siglos, todavía siguen siendo parte de la vida cotidiana de muchísimas mujeres inmersas en el ciclo de la violencia que generan condiciones de vulnerabilidad de tal manera que es muy difícil salir de ella.

Hace falta que las instituciones gubernamentales refuercen los programas de apoyo basándose en un diagnóstico desde las ciencias sociales y de la salud, específicamente de la pública que facilite la estructuración de actividades acordes, lo más posible a la realidad de las mujeres en función de su edad, clase social, condición económica y las características de su entorno.

Se evidencia una gran necesidad de espacios de reflexión que les facilite la toma de conciencia de su condición y fortalezcan la autoestima, ejerzan el control y el poder sobre su vida.

Se requiere entonces, de una gran voluntad política para erradicar la violencia contra las mujeres, la herencia cultural de los mandatos sociales que determinan el “ser de ellos y de los demás” antes que de ella misma, específicamente en torno a las familias.

Se requieren no solamente de leyes ex profeso, sino de acciones que fortalezcan a la familia independientemente de la estructura que tenga; es decir, se reconozcan y se legisle en función de las necesidades que arrojan estas nuevas convivencias sociales.